Imagine usted pagar sus compras, firmar digitalmente un documento o cifrar y descifrar parte de sus comunicaciones. Pues Estonia viene realizando dichas tareas en los últimos 20 años, con una colaboración por parte de los entes públicos y privados. Su fama por mantener digitalizado a el país trasciende fronteras.

Según el ministro de la Oficina del Gabinete, Pat McFadden del Reino Unido a visitado Estonia recientemente (https://www.thetimes.com/uk/politics/article/pat-mcfadden-digital-id-migration-8hq3j0gxs) y dice lo siguiente:

"Gran Bretaña puede aprender de la revolución tecnológica en Estonia para acelerar el acceso a los servicios y abordar la economía sumergida que atrae a los migrantes ilegales"

El anuncio no se ha hecho esperar, no basta con censurar las críticas al gobierno por medio de las redes sociales, no basta con inundar la Big City con ingentes cantidades de cámaras, no basta con monitorizar la validez de la mayoría de edad; sino que además, la idea de crear un ID Digital para entre cosas (como afirma el Primer Ministro) controlar la "Inmigración Ilegal" para que funcione sin teléfonos inteligentes ni pasaportes.

Este país ha estado inmerso en una transformación digital profunda durante la última década, motivado por las necesidades de modernización de sus servicios públicos, gestión de datos y seguridad nacional. Digitalizar el pago de impuestos hasta el acceso a la atención médica, plantea preocupaciones significativas sobre como manejar la privacidad de los ciudadanos. Como lo estipula Open rights group donde estima que el despliegue de eVisas ha sido objetos de errores de datos y fallas en los sistemas.

Las tensiones entre eficiencia y privacidad ha sido un tema recurrente en los debates políticos. Un ID electrónico se propone como una solución para combatir fraudes y simplificar trámites. Pero todo lo antes expuesto, desvela también debates sobre el exceso de los límites legales y éticos de la vigilancia estatal.

Analizando detalladamente los desafíos de implementar un sistema digital, no debemos obviar no solo las implicaciones sobre privacidad sino además el riesgo de monopolización de datos por parte del gobierno y/o empresas privadas.

¿Hasta donde cederán los ciudadanos parte de su privacidad y seguridad, en aras de un servicio digital eficiente, público y que respete la ingente cantidad de datos recopiladas? Aún así estas propuestas deberán ser llevadas a consulta como en anteriores ocasiones.